En la información entregada por la Agencia Nacional de Tierras se informa “se debe completar documentación correspondiente al artículo 20 del decreto 1745”. No es claro cuál o cuáles son los requisitos del artículo 20 del decreto 1745 de 1995 que se deben completar.

Se requiere que la Agencia Nacional de Tierras de manera precisa señale cuáles actuaciones se deben corregir o darse para continuar con el proceso para efectos de dar o no viabilidad al proceso de titulación colectiva. La norma señala taxativamente cuáles son los requisitos que se deben seguir para la titulación colectiva de las tierras para comunidades negras, ellos son:

I. Presentar por escrito la solicitud de titulación ante la regional del Incora correspondiente, a través de su representante legal. 
II. Autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario para al representante legal iniciar el proceso.
III. Copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario,  Con la constancia de registro del alcalde respectivo de que trata el artículo 9º de este Decreto; 
IV. Informe que debe contener los siguientes pasos:

1. La descripción física del territorio que se solicita en titulación, indicando:

a) Nombre de la comunidad o comunidades, ubicación, vías y medios de acceso; especificando departamento, municipio, corregimiento y veredas.
b) Afirmación de ser baldío ocupado colectivamente por Comunidades Negras;
c) Descripción general de los linderos con relación a los puntos cardinales, con su croquis respectivo, relacionando los nombres de las personas o comunidades colindantes y determinación aproximada del área;
d) Composición física del área, señalando accidentes geográficos;

2. Antecedentes etnohistóricos. Narración histórica de cómo se formó la comunidad, cuáles fueron sus primeros pobladores, formas de organización que se han dado y sus relaciones socioculturales.

3. Organización social: especificando relaciones de parentesco y formas de organización interna de la comunidad.

4. Descripción demográfica de la comunidad: nombre de las comunidades beneficiarias y el estimativo de la población que las conforman.

5. Tenencia de la tierra dentro del área solicitada:

a) Tipo de tenencia de personas de la comunidad;
b) Formas de tenencia de personas ajenas a la misma.

6. Situaciones de conflicto: problemas que existan por territorio o uso y aprovechamiento de los recursos naturales, indicando sus causas y posibles soluciones.

7. Prácticas tradicionales de producción, especificando:

a) Formas de uso y aprovechamiento individual y colectivo de los recursos naturales;
b) Formas de trabajo de los miembros de la comunidad;
c) Otras formas de uso y apropiación cultural del territorio”.

La falta de documentación ocurre cuando el consejo comunitario entrega de forma insuficiente la información señalada en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995 y está debe ampliarse, corregirse o actualizarse.
 
En la mayoría de los casos la falta de documentación está relacionada con:
 
1. La clarificación del predio.
 
2. Terceros opositores.
 
3. Problemas de uso de la tierra.

4. La ubicación, puede ser porque están solicitando tierras en zonas declaradas Urbanas, zonas de alto riesgo o algunas veces se solicitan tierras lejos del área habitada.

5. Resolver las acciones jurídicas que versan sobre esas tierras.

6. Completar informe de caracterización social y de territorio.

El poblamiento afrocolombiano en el departamento de Antioquia estuvo profundamente influenciado por su ubicación geográfica, entre la región Caribe y la región Pacífica (Domínguez, 2015), y las actividades económicas que se realizaban en el departamento (Cardona, 2017). 

El proceso de poblamiento se produjo en tres etapas. La primera etapa ocurrió cuando llegaron personas afro desde los departamentos del Chocó y el Cauca dedicadas a la minería artesana en el año 1930 (Cardona, 2017). Estas migraciones coincidieron con la llegada de las empresas Frontino Gold Mine y The Pato Consolidated Gold Dredging Limited al Nordeste antioqueño (Girón, 1988). 

La segunda etapa tuvo lugar a partir de los años sesenta con el arribo de afrodescendientes del Chocó a los municipios cercanos a la cuenca del río Atrato. La llegada de estas personas se dio como consecuencia de las oportunidades laborales que ofrecían empresas madereras como Madurex, Maderas del Atrato y Maderas de Urabá (Domínguez, 2015).  

La tercera etapa se dio con del arribo de comunidades afrocolombianas provenientes de los departamentos de Magdalena y Atlántico, en respuesta a la demanda de mano de obra para la explotación de cultivos de banano en los años ochenta (Domínguez, 2015). 

El Urabá antioqueño ha sido una de las regiones del país que ha padecido las expresiones más crudas del conflicto armado debido a la confluencia de factores económicos, políticos históricos, geográficos y sociales. Durante la década de los setenta los grupos guerrilleros FARC- EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) y EPL (Ejército Popular de Liberación) tomaron el control de la región con el objetivo de aprovechar las condiciones geográficas y ecosistémicas del Urabá para desarrollar economías ilegales, como el tráfico de drogas y de armas (Hernández, 2004). Las bondades de esta zona también atrajeron a grupos económicos que pretendían continuar y extender la producción bananera. 

Municipios como Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en 1995 padecieron dos meses de violencia extrema, en donde perdieron la vida alrededor de 66 personas tras enfrentamientos y masacres efectuadas por residuos del EPL y las FARC-EP y los paramilitares, estos últimos, comenzaban a hacerse con el control de la zona (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, s.f.). Tras este periodo de violencia las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con la ayuda del Ejercito Nacional expulsan a las FARC-EP hacia 1996.  

Estos nexos, entre los paramilitares y la brigada XVII del Ejército comandada por el  general Rito Alejo del Río, quien ya fue condenado, exacerbaron la violencia contra los habitantes de la zona en su afán de terminar con cualquier tipo de presencia o vínculo con los grupos guerrilleros, siendo el año 1996 el más violento en el Urabá, pues de acuerdo al Grupo de Memoria Histórica (GMH, 2013), durante ese año al menos 1700 familias fueron desplazadas de la región y algunas de ellas vivieron por casi tres años en los coliseos de Apartadó y Turbo. 

Entre 1995 y 2002, se efectuaron 103 masacres y 32 mil personas fueron víctimas del desplazamiento en tan solo cuatro de los municipios del Urabá (GMH, 2013). Con la desmovilización de los paramilitares en el 2004, se llegó a pensar que en la región se reducirían los elevados índices de violencia, sin embargo, los residuos y nuevas expresiones del paramilitarismo siguen presentes en el territorio, controlando el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico.  

Presenta aptitud alta para cultivos de cacao, caucho,  aptitud forestal y para cultivos de palma de aceite.

Para más información: https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=1299

Cardona, C. (2017). Proceso organizativo de las comunidades negras rurales de Antioquia. Ancestralidad, etnicidad y política pública afroantioqueña. Estudios Políticos, (50), 188-202. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-espo-50-00180.pdf 

Domínguez, M. (2015). Comunidades negras rurales de Antioquia: discursos de ancestralidad, titulación colectiva y procesos de “aprendizaje” del Estado. Estudios Políticos, (46), 101-123. Recuperado dehttps://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/view/19314/17926  

Girón, J. (1988). Un asentamiento negro en el río Nechí. Informe de investigación. Secretaria de Educación y Cultura, Departamento de Antioquia.  

Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf 

Hernández, E. (2004). Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 

IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p.

Latorre, J., Jaramillo, O., Corredor, L., & Arias, D. (2014). Condición de las unidades ecobiogeográficas continentales y sistema nacional de áreas protegidas en Colombia (Base de datos geográfica a escala 1:100.000). Bogotá: Parques Nacionales Naturales.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (s.f.). Algunos Indicadores sobre la situación de los derechos humanos en la región el Urabá Antioqueño. Recuperado de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EE72F5D5BA6A196EC1256F3C004DC112-govcol-col-27oct11.pdf